El 2022 ha sido un "annus horribilis" para las cotorras argentinas y de Kramer de Madrid, especies urbanas mal llamadas invasoras que nosotros trajimos, por lo que fueron introducidas y ya forman parte de la naturaleza urbana. Miles han perdido la vida a tiros o capturadas con redes en nuestros parques dentro del plan de exterminio municipal o como especies cinegéticas de la Orden de Vedas 2022/23. Otra forma de grave maltrato la practica Almería con la captura y cautiverio de animales adultos libres, destruyendo familias y condenándolas a la muerte en vida.
Anteriormente sufrieron terribles matanzas en Zaragoza y Sevilla, donde siguen negándose a darles el trato ético en base a bulos que forman parte de la campaña de acoso y derribo que sufren desde las instituciones y los medios de comunicación. Otros muchos municipios llevan a cabo matanzas silenciosas a través de las podas salvajes y la destrucción de nidos matando a las crías y dejando a las adultas sin protección, especialmente en invierno.
El maltrato comenzó en sus lugares de origen hace décadas, donde se las intentó masacrar sin éxito para acabar con su presencia en el campo, optándose por su exportación como mascotas. Aquí son biodiversidad urbana y su presencia en los campos es anecdótica.
Las matanzas se basan en un discurso plagado de #cotorrofobia y en su condición de invasoras, que tampoco está justificada. No se permite su tenencia, de no estar legalizadas, ni se las acoge en centros de recuperación, donde directamente se las mata. Urge una revisión que sustituya bulos y anécdotas por ciencia y acabe de una vez por todas con un principio de precaución absurdo casi 50 años después de su llegada. No existe evidencia científica del supuesto daño ni de que sean perjudiciales para otras especies. Otras aves y pequeños mamíferos utilizan sus nidos como refugio y las leyes, que priorizan el trato ético, no obligan a su control poblacional ni mucho menos al extermino que están sufriendo en distintas ciudades españolas.
